IMPUNIDAD, MEMORIA Y ESPERANZA (editorial)

Editorial de Generación Romero del 27 de octubre de 2020

“No hay crimen que se quede sin castigo (…). Todos estos atropellos del poder de la patria no se pueden quedar impunes” (Mons. Romero, homilía 7 de agosto de 1977)

Este editorial retoma el título de un reciente foro virtual que entre otros temas, cuestionó el papel del Estado salvadoreño en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad. El evento fue organizado por la Alianza CONVIDA20, una propuesta popular e internacional al Covid19, que se materializa en una plataforma de grupos de base, iglesias e instituciones, que buscan alternativas a los complejos problemas estructurales que la pandemia ha puesto más en evidencia y cuyo impacto recae principalmente sobre las mayorías populares en todo el mundo. CONVIDA20 es una iniciativa promovida por SICSAL – Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina “Oscar Romero”.

La fecha que se escogió para el foro fue el 26 de octubre, Día Nacional del Defensor y la Defensora de Derechos Humanos declarado por la Asamblea Legislativa en febrero de 2013 en memoria de Herbert Anaya Sanabria, aunque en el decreto no se atreve a mencionarlo, martirizado el 26 octubre de 1987 por su trabajo de acompañamiento a las víctimas de la represión de esas décadas. El caso de Anaya Sanabria, quien fungió como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, sigue en la impunidad pero sin caer en el olvido gracias a la perseverancia de su familia y de las organizaciones de derechos humanos.

La impunidad en este caso, como en el de San Romero, El Mozote y muchos más, es otra enfermedad que El Salvador aún no supera y, por el contrario, no se cura por la falta de verdad y justicia, pero sobre todo por la falta de compromiso de quienes nos han gobernado y nos gobiernan. Quienes mantienen intacta la memoria de las y los mártires son las víctimas, sus familiares y organizaciones sociales con el fin de buscar justicia y romper el muro de la impunidad. La herida sigue abierta pero podría sanar con el esclarecimiento de los hechos, con medidas de combate a la violación de los derechos humanos y condenando el desmedido poder que antes y durante el conflicto armado, mantuvieron gobiernos de facto y dictaduras militares, que da la impresión que hoy pretenden ser revividas.

A propósito de dictaduras militares, es importante poner en perspectiva la utilización peligrosa que se continúa haciendo de la Fuerza Armada, una institución que debió ser abolida o al menos modificada en profundidad. Los defensores en la causa de la masacre de El Mozote afirman que casi cuatro décadas después, y a pesar del espíritu de los Acuerdos de Paz y las reformas  a la Constitución en torno a la FAES, el actual gobierno ha optado por el  militarismo como una herramienta de control político de la población. Esto se ha materializado en la reiterada negación de los archivos de la Fuerza Armada en el caso de esta masacre, que representa el poder que el militarismo quiere seguir ejerciendo violando los derechos humanos de las víctimas.

En resumen: no hay nueva Fuerza Armada, como afirma el presidente Bukele, esta institución mantiene la doctrina autoritaria de sometimiento de los años de la guerra. Esta vez ha sido nuevamente puesta en evidencia en la militarización de los municipios fronterizos de Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando por orden del presidente, quien hizo acusaciones de narcotráfico sin pruebas, seguidas por la injustificada ocupación del ejército de esa zona que durante la guerra civil sufrió graves crímenes y otras violaciones a sus derechos.

Nos unimos a las voces nacionales e internacionales que sobre este hecho afirman que: “El Gobierno de El Salvador debe realizar el resguardo de la soberanía salvadoreña y contrarrestar el narcotráfico, el tráfico de personas, armas y contrabando, utilizando criterios y expertos en la materia. Pero no puede seguir improvisando acciones como esta, que claramente son inoperantes para el objetivo que se argumenta.  Más bien, lo que se vislumbra es otra acción que pudiera relacionarse con el ingreso de personas de otro país, para documentarlas como salvadoreñas, preparándose para votar a favor de sus candidatos/as en las elecciones de febrero de 2021.”

Movimiento Generación Romero, 27 de octubre de 2020

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