BIENAVENTURADOS LOS PERSEGUIDOS (editorial)

Editorial Generación Romero del 30 de septiembre de 2020.

“La persecución es algo necesario en la Iglesia. ¿Saben por qué? Porque la verdad siempre es perseguida. Jesucristo lo dijo: ´Si a mí me persiguieron, también os perseguirán a vosotros”(Monseñor Romero, homilía 29 de mayo de 1977)

Las voces de alarma sobre la amenaza a la democracia y el Estado de derecho en El Salvador cada vez resuenan más, con un gobierno que tiene todas las características de ser  autoritario y déspota. El uso permanente de la mentira, la concentración de poder, la intolerancia a la crítica, la utilización de algunos medios de comunicación con fines propagandísticos, la supresión de derechos y otros vejámenes son signos del autoritarismo, el cual parece profundizarse en la administración del presidente Nayib Bukele. 

Una muestra de autoritarismo fue el bloqueo al juez de instrucción de San Francisco Gotera para inspeccionar los archivos en el Estado Mayor de la Fuerza Armada. En cadena nacional, Bukele argumentó que no era jurisdicción del juez investigar sobre dichos documentos y le acusó de prestarse a la campaña política del FMLN. En la misma cadena, el presidente presentó 5 carpetas con supuesta información relacionada al caso de la masacre de El Mozote que agregó desclasificó él mismo, acción que contradice la respuesta al juzgado de instrucción, el año pasado, cuando el Ejecutivo dijo que no existían archivos sobre los operativos militares en los años 80.

Estas acciones son de encubrimiento y solo demuestran el desprecio hacia las víctimas de la masacre del Mozote y la total falta de compromiso por esclarecer la verdad de lo ocurrido. Con ello, Bukele vuelve a mentir, protege criminales de guerra y refuerza la idea de que el militarismo nuevamente está ganando terreno para secuestrar la incipiente democracia que ha costado construir.

Asimismo, Bukele restó importancia a una carta enviada por 6 congresistas republicanos en la que expresan su preocupación por los retrocesos en el Estado de derecho. Esta misiva  es un  segundo llamado realizado luego que congresistas demócratas también cuestionaran su constante ataque hacia la prensa, que es otro sello reconocible de su mandato.

Precisamente, los ataques hacia la prensa y la estigmatización a los periodistas que exponen investigaciones de temas que el gobierno no informa a la ciudadanía, cada vez suben de tono. La libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información de la ciudadanía en el país está en riesgo pues es preocupante el grado de intolerancia hacia quienes ejercen esta profesión,  tal como lo demostró en su última cadena de televisión donde atacó e intentó descalificar el trabajo de varios medios de comunicación y periodistas que han evidenciado la corrupción en el manejo de fondos y negociaciones con las pandillas que esta administración ha realizado. 

La Asociación de Periodistas de El Salvador destaca que desde que Bukele asumió las riendas del país han ocurrido 88 vulneraciones hacia ese gremio, además en su último pronunciamiento pidió al presidente detener sus prácticas antiprensa, recordándole que los periodistas no son opositores políticos y su labor es la de informar e incluso fiscalizar el uso de fondos que provienen de nuestros impuestos.

Está descalificación e intolerancia hacia la prensa va más allá y alcanza voces disidentes o críticas hacia su mandato por todos los atropellos cometidos, entre ellos los defensores de derechos humanos. Estas personas también han sido desprestigiadas e incluso perseguidos por su labor de denuncia y decir la verdad, tal es el caso del abogado del caso el Mozote, David Morales, y el director del IDHUCA,  el padre José María Tojeira, quienes han trabajado en defensa de casos históricos. 

Hasta el momento el gobierno de Bukele ha sido incapaz de crear unidad nacional porque no existe vocación de diálogo, ni respeto por la institucionalidad del país y mucho menos hay intenciones de combatir la impunidad del pasado que pasa factura en el presente. 

Por tanto, nos sumamos a la demanda de organizaciones defensoras de la memoria histórica: el presidente debe ordenar al ministro de defensa que garantice todas las condiciones para que desde el día 5 de octubre, fecha reprogramada por el juez a cargo, se lleve a cabo la apertura e inspección de los archivos del Ejército. 

No podemos permitir que El Salvador vaya hacia ese abismo de autoritarismo, militarismo y desprecio por nuestra memoria histórica. Las voces que han sido estigmatizadas y perseguidas nos llaman a transitar por un camino de verdad, justicia, diálogo y reconciliación.  

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