EN MEDIO DE LA COVID LUCHEMOS POR EL DERECHO HUMANO AL AGUA

Editorial de Generación Romero del 4 de agosto de 2020

“A ustedes les consta cuál es el lenguaje de mi predicación. Un lenguaje que quiere sembrar esperanza, que denuncia, sí, las injusticias de la tierra, los abusos del poder, pero no con odio, sino con amor, llamando a conversión.”

Mons. Óscar Arnulfo Romero, homilía del 6 de noviembre de 1977

Este 28 de julio se cumplieron 10 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconociera el derecho humano al agua y al saneamiento; sin embargo, en el país el acceso, la gestión y la administración del recurso hídrico sigue siendo escaso y precario. Aunque el 99.5% de la población reconoce que el agua es un derecho humano fundamental. 

En la campaña que recién impulsaron varias organizaciones civiles e iglesias, como parte de la Alianza por la Reforma Constitucional por el Derecho al Agua, enfatizaban que “la falta de acceso y disponibilidad de agua salubre que sufren decenas de miles de hogares, principalmente pobres, en El Salvador, es un atentado contra la vida misma. La crisis surgida a raíz de la COVID-19, ha confirmado la necesidad impostergable de una gestión del agua como derecho humano, tal y como se ha venido exigiendo durante tantos años a las diputadas y diputados, quienes a la fecha no han podido o no han querido hacer justicia al clamor de la población. Postergar más el reconocimiento del agua como derecho humano, es también negarle a la población el derecho a disfrutar de condiciones de vida dignas”.

En estos momentos de pandemia, la situación se vuelve más caótica para las mayorías empobrecidas, que no cuentan con acceso al agua limpia y de calidad.

La crisis se profundiza cuando se dan graves anomalías y procedimientos antidemocráticos desde el Ejecutivo, y confrontación entre los poderes del Estado que no favorecen el BIEN COMÚN. Sin dejar de mencionar la grave violación a los derechos humanos hacia periodistas que desarrollan una comunicación crítica y de investigación en el país.

Todo esto suma negativamente a las etapas propuestas para activar la vida “económica”. Cualquier plan presentado no tendrá sentido si a su base no se encuentra el derecho humano al agua, la priorización de la salud y  la alimentación de los hogares más pobres en este país. Como nos enseñó nuestro santo, Monseñor Romero, “una clara opción preferencial hacia los pobres”.

Por otra parte, hace unos días los titulares de los diferentes ministerios del Ejecutivo se presentaron al palacio legislativo a brindar su informe de rendición de cuentas a un año de gestión. La actitud presentada por los diferentes ministros y ministras siguen la línea de confrontación y desaprobación a los diputados y diputadas. A pesar de que el ministro de salud, Francisco Alabí, manifestó que “la única salida a esta crisis es hacerlo de manera articulada y unida”. En este momento surge la pregunta: ¿articulada y unida entre quiénes?, porque existe poca coherencia entre sus declaraciones y las acciones desarrolladas en el marco de la pandemia.

Cuatro días después de la presentación del informe de labores, el hasta entonces ministro de hacienda, Nelson Fuentes, presentó su renuncia a la cartera de Estado, horas después de que se increpara a Fuentes por un cambio ilegal en el presupuesto del Ministerio de Agricultura (MAG) que se realizó sin la aprobación de la Asamblea Legislativa.

A la cabeza del ministerio se nombró a Alejandro Zelaya como nuevo titular, señalado como implicado en casos de corrupción en el actual gobierno; asimismo, se nombró como superintendente del sistema financiero a Gustavo Villatoro, a quien se acusa de tener vínculos de corrupción durante los gobiernos de Mauricio Funes y Antonio Saca.  La renuncia de Fuentes se suma a otros más como el de María Soledad Briones, quien fungía como presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), y el de la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Delmi Cañas, siendo la segunda renuncia de dirección en el Seguro Social en lo que va del año.

Muchas preguntas surgen frente a estos movimientos de la administración del Estado y, aunque aún no hay respuestas, las organizaciones sociales y populares no abandonaremos la lucha por exigir solución a los problemas latentes de país, como el derecho humano al agua.

Es importante mantener la memoria “fresca”, en cuanto a los procesos y logros sociopolíticos que vamos alcanzando como pueblo organizado, que actúa movido por la sed de justicia y verdad. Son tantas las iniciativas sociales que buscan en El Salvador, “un cielo nuevo y una tierra nueva (…) Ya no habrá muerte ni lamento, ni llanto ni pena, pues todo lo anterior ha pasado”. (Ap. 21,1-6). El sueño de una sociedad basada en la justicia, solidaridad y una vida de calidad continúa en las diferentes iniciativas del pueblo organizado, que anhelan con esperanza una transformación social, política y económica que esté en armonía con la CASA COMÚN.

Movimiento Generación Romero, 4 de agosto de 2020.

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