¿SALUD O DERECHOS HUMANOS? (editorial)

Editorial de Generación Romero del 17 de abril de 2020

“Al pueblo lo está desuniendo precisamente
aquello que lo une más profundamente:
la misma pobreza, la misma necesidad de sobrevivir,
de poder dar algo a sus hijos, de poder llevar pan, educación, salud a sus hogares”

(Mons. Romero, carta pastoral “La iglesia y las organizaciones políticas y populares”, 6 de agosto de 1978)

editorial Generación Romero: ¿SALUD O DERECHOS HUMANOS?

El día 15 de abril del presente año, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia de seguimiento relativa a la garantía constitucional de hábeas corpus en la cual estableció límites al Ejecutivo en cuanto al mecanismo de detención de personas que se ha utilizado para hacer cumplir la cuarentena obligatoria.

La Sala le señaló en una resolución anterior al Presidente de la República, a la Policía Nacional Civil, a la Fuerza Armada y a cualquier otra autoridad que “tienen constitucionalmente prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliar”. En la resolución del 15 de abril reafirma dicha prohibición y recalca que las órdenes de la Sala “no pueden ser incumplidas, irrespetadas, tergiversadas ni manipuladas”.

Ante esto, el Presidente de la República y algunos integrantes de su equipo, como el secretario jurídico de la Presidencia, han insistido en que no acatarán las disposiciones del máximo tribunal, en flagrante violación a la institucionalidad del país y al orden constitucional, así como en contra de los avances democráticos que El Salvador había alcanzado después de los acuerdos de paz.

El Gobierno, en sus alegatos contra las resoluciones, le plantea al pueblo una falsa disyuntiva. Pareciera poner a la gente entre la espada y la pared: o respetamos la división de poderes del Estado o garantizamos la salud de la población. Ese dilema es falso. El Gobierno está obligado a respetar la división de poderes y a garantizar la salud, sin atropellar derechos, sin elegir entre una cosa o la otra.

Monseñor Romero fue profeta, pastor y un férreo defensor de los derechos humanos. Su pastoral en medio de la guerra está orientada por la búqueda de la paz y la garantía de los derechos fundamentales a todos y todas. Su labor dio grandes frutos. El Arzobispado se convirtió en una institución defensora de la gente más vulnerada en sus derechos.

La salud es un derecho humano. No es un servicio ni es una caridad. Tampoco es un favor del Presidente de la República. Todo el Estado está obligado a garantizar la salud de la población, es un derecho constitucional. Es por eso que los modos de detención puestos en práctica por el Gobierno atentan contra los derechos básicos. Con esas medidas de fuerza, intentan colocarnos en otro falso dilema. ¿Se garantiza la salud o se respeta los derechos humanos? No existe razón fundamentada para hacer esa pregunta. La salud es un derecho humano y debe ser garantizado. Los demás derechos no deben ser violentados en ese afán. Es falso que la población deba sufrir vejámenes para poder superar la crisis del covid-19.

El Salvador necesita dar continuidad a las políticas de Estado que han dado buenos resultados. La reforma integral del sistema de salud debe continuar. La crisis del covid-19 le ha reafirmado al mundo varios de los propósitos con lo que ya cuenta nuestra reforma: fortalecimiento y coordinación de los sistemas públicos de salud; salud para las comunidades con enfoque preventivo y familiar, gratuita y accesible; por mencionar solamente dos de los objetivos más urgentes y más difíciles. Las políticas públicas no funcionan desde la improvisación o desde la comodidad de las redes sociales, deben ser planificadas y llevadas a cabo con la gente, en sus territorios.

Además de los actos señalados por la Sala de lo Constitucional, en esta crisis de salud están ocurriendo otras irregularidades. Esta semana se conoció de la captura por parte de la PNC del alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez, en unos hechos bastante difusos, que involucran la distribución de fertilizantes comprados por el Ministerio de Agricultura y entregados en una sede del partido Nuevas Ideas. La manera oscura y la falta del debido proceso deben encender una alerta. La crisis no debe ser usada con fines electorales, no debe ser excusa para revanchismos políticos.

Movimiento Generación Romero, viernes 17 de abril de 2020

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